PROYECTO DE RESOLUCION
VISTO:
La Deuda Externa que nuestro país contrajo a lo largo de su historia, y
CONSIDERANDO:
Que esta deuda está conformada por el dinero que ingresó por préstamos del exterior más los intereses que este dinero va generando, y los gastos y comisiones que cobran los funcionarios cada vez que renegocian.
Que los acreedores pueden ser gobiernos de otros países, instituciones inter-gubernamentales como el FMI o el Banco Mundial, bancos comerciales o tenedores de bonos u otros instrumentos financieros que el gobierno argentino emite.
Que las consecuencias del pago sólo de intereses de la deuda externa restringe destinar esos fondos a planes sociales, subsidios a necesitados, equipamientos en salud y educación, etc. Esto demuestra como la Deuda Externa se relaciona directamente con la Deuda Social. En los últimos veinte años, el constante incremento de la primera ha llevado al de la segunda, con el consecuente deterioro de nuestra calidad de vida. Similares consecuencias se observan en el resto de los países de América Latina y de los países en vías de desarrollo.
Que el ocultamiento de la naturaleza y características del proceso de endeudamiento fue una táctica de quienes ejercieron el poder para confundir y engañar a la sociedad. Todas esas acciones se realizaron sobre una misma base ideológica: pasar de un modelo capitalista de economía productiva a otro capitalista de economía financiera.
Que la evolución de esta deuda demuestra muchísimas irregularidades a saber:
Con la crisis del petróleo, el precio del galón aumentó de 0.80 u$s a 15,00 u$s. Este incremento provocó abundancia de dólares en el mercado, proveniente de los negocios con petróleo. (petrodólares).
El FMI se ocupó de ubicarlos forzadamente a través del otorgamiento de créditos. Para lograrlo dieron a las delegaciones de la banca internacional el mandato de inducir a los diferentes países a tomar créditos, ofreciendo una tasa de interés insignificante. Esto eran otorgado con condicionamientos como: desmantelar el aparato productivo de cada país para que no pudiera generar su propia riqueza y así siguiera necesitando de capitales extranjeros; aniquilar toda fuerza social que se opusiera al endeudamiento forzoso.
Para generar esas condiciones, los capitales extranjeros promovieron la instalación de la dictadura militar que, vía terrorismo de Estado, hizo desaparecer a 30.000 personas y asesinó otras 10.000 para terminar con toda expresión opositora.
Entre el 76 y el 83, instaurada la “timba financiera”, los especuladores pasaron a ser más valorados que los trabajadores. La deuda creció en un 350% sin que existan registros contables que lo acrediten. Se desconoce el destino de los fondos, pero se sabe que no fueron utilizados para desarrollar la economía sino para la especulación.
En esta etapa comienza también el endeudamiento innecesario, y muchas veces ficticio, de las empresas estatales. Todo esto demostrado en el juicio penal con sentencia del juez federal Ballestero.
Durante la década del “80, la abundancia de dinero se terminó, lo que provocó un aumento en las tasas de interés del 6 al 22%.
Esto generó que nos cobraran interés sobre interés para sumarlo al capital y cuyo efecto termina siendo “cuanto más pago más debo”.
Paralelamente los países centrales hicieron caer el valor de los productos exportados por el tercer mundo mientras aumentaban el valor de sus productos industriales y tecnológicos, lesionando aún más las pequeñas economías y favoreciendo una enorme transferencia de recursos al primer mundo.
Las consecuencias: caída de la industria, incluso ciudades y pueblos enteros (San Nicolás y Cutral-Co). Ante este panorama sombrío, los empresarios argentinos huyeron del mercado interno consumando una verdadera fuga de capitales.
En este contexto, las empresas privadas que habían tomado créditos en el exterior, se declararon insolventes y acordaron con los gobernantes la estatización de sus deudas.
Así, el Estado (nosotros) se hizo cargo de una pesada deuda por un dinero que no recibió, debiendo restar fondos al Presupuesto Nacional en salud, educación, ciencia y tecnología, activación de la producción y fuentes de trabajo. Además de los préstamos a empresas estatales que nunca llegaron a ellas, solo figuraban en sus balances
Pasada la dictadura, la protesta social comenzó a poner límite a estos ajustes, y el Estado entró en dificultades para cumplir los plazos de pago, debiendo renegociar su deuda. Otorgándole nuevos créditos con tasas usurarias.
En el inicio de la democracia se tuvo la oportunidad de desconocer la Deuda Externa por haber sido contraída por un gobierno de facto (“deuda odiosa”) y no se hizo. Bajo el gobierno radical, al no reconocer en su totalidad las disposiciones del FMI, se generó una tensión en las relaciones que terminó en una cesación de pagos, con corrida cambiaria, hiperinflación y finalmente caída del gobierno por un golpe de Estado, esta vez no militar sino financiero.
Ya en los “90, después de aplicar el Plan Brady (versión perfeccionada de “estatización” de deuda privada), la transferencia de capitales desde los países deudores hacia los acreedores, permitió a la banca internacional superar la crisis de iliquidez, a expensas del debilitamiento de las economías de los países de Latinoamérica.
Este debilitamiento hizo que el FMI impusiera mas condiciones a los países que deben cumplir para “merecer” más créditos. El criterio ideológico es el que considera que el rol del Estado debe restringirse a la creación de condiciones jurídicas, sociales y económicas adecuadas para atraer esas “inversiones” privadas. Estas medidas incrementan la acumulación del capital financiero y no la producción.
El crecimiento de una economía basada en el capital financiero especulativo no necesita que los sectores populares consuman, por lo tanto no interesa si quedan excluidos del modelo. Sino que necesita de monopolios que garanticen la ganancia financiera rápida. La consecuencia de la aplicación de este modelo determina que se sigan cerrando industrias y vendiendo campos.
El cambio de modelo fue implementado por la misma fracción de sectores dominantes que habían instalado las dictaduras militares utilizando, ahora en democracia, a la corrupción y al soborno para comprar a las conducciones políticas. Esta alianza les permitió a ambos conservar sus posiciones de dominación.
Esto permitió entregar las empresas del estado más rentables en condiciones por demás ventajosas al capital privado, en su mayoría extranjero (Privatizaciones, YPF, flota del estado, terminales portuarias, teléfono, rutas, gas, agua, afjp, etc.).
Para completar el achicamiento del Estado, se puso en marcha la descentralización, que permitió transferir a las provincias parte del gasto público nacional y lograr con ello “ajustes” provinciales y municipales.
Para aplicar el plan y cerrar los negocios con total impunidad, el gobierno menemista quebró el equilibrio entre los distintos poderes del Estado ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia lo que dio como resultado la “votación automática”, consolidando la mecánica del per saltum.
Junto a esto se tejieron complicidades políticas: el Pacto de Olivos (Menem-Alfonsín) dio curso a la reforma constitucional que aportaría dos elementos centrales: la reelección presidencial y la delegación en el ejecutivo de legislar vía decretos de necesidad y urgencia, y de asumir legalmente la suma del poder público en caso de emergencia económica.
Sobre el final del 2000 ya se había incrementado la brecha del ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre de 13 a 33 veces (20 veces más).
Luego de esto apareció “la Banelco y coimas” de por medio, la “Flexibilización Laboral”: una maniobra disfrazada como una estrategia para bajar el desempleo que en realidad sirvió para achicar el costo laboral.
Ya habíamos afirmado que en una economía financiera el trabajo es una mercancía depreciada y despreciable. Luego, en menos de un año, una seguidilla de maniobras financieras: el Mega Canje, la Pesificación, el “Corralito” y el “Corralón”, la sanción de las leyes de “Emergencia Económica” y de “Régimen Cambiario” (que perjudicó al sector de los trabajadores con una pérdida del poder adquisitivo del 40%), y, por último, la Derogación de la ley de “Subversión Económica” y la sanción de la nueva “ley de Quiebras” que dejaron impunes a los responsables de los ilícitos.
En la actualidad, el gobierno, se dispone a concretar el canje (cambiar deuda por mas deuda) con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a una investigación de la Deuda porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.
Que existen ejemplos en Latinoamérica (por ejemplo Ecuador), que investigaron su deuda externa, cuyos sus resultados demuestran que existieron irregularidades y una forma de instrumentarla similar en toda esta región del continente.
Que el resultado de esta investigación permitió reducir su deuda por la ilegitimidad de la misma, demostrando la viabilidad de la propuesta de investigar la misma.
El Honorable Concejo Deliberante, en uso de las facultades que les son propias, sanciona con fuerza de:
ARTICULO 1: Solicitar a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación constituya una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por miembros del Congreso como así también personalidades referentes de nuestro país con vasta trayectoria en organizaciones populares. Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones, especialmente sobre la legitimidad de la misma.
ARTICULO 2: Enviase copia de la misma a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, para que adhieran a la misma.
ARTICULO 3: Enviase copia de la misma a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.
VISTO:
La Deuda Externa que nuestro país contrajo a lo largo de su historia, y
CONSIDERANDO:
Que esta deuda está conformada por el dinero que ingresó por préstamos del exterior más los intereses que este dinero va generando, y los gastos y comisiones que cobran los funcionarios cada vez que renegocian.
Que los acreedores pueden ser gobiernos de otros países, instituciones inter-gubernamentales como el FMI o el Banco Mundial, bancos comerciales o tenedores de bonos u otros instrumentos financieros que el gobierno argentino emite.
Que las consecuencias del pago sólo de intereses de la deuda externa restringe destinar esos fondos a planes sociales, subsidios a necesitados, equipamientos en salud y educación, etc. Esto demuestra como la Deuda Externa se relaciona directamente con la Deuda Social. En los últimos veinte años, el constante incremento de la primera ha llevado al de la segunda, con el consecuente deterioro de nuestra calidad de vida. Similares consecuencias se observan en el resto de los países de América Latina y de los países en vías de desarrollo.
Que el ocultamiento de la naturaleza y características del proceso de endeudamiento fue una táctica de quienes ejercieron el poder para confundir y engañar a la sociedad. Todas esas acciones se realizaron sobre una misma base ideológica: pasar de un modelo capitalista de economía productiva a otro capitalista de economía financiera.
Que la evolución de esta deuda demuestra muchísimas irregularidades a saber:
Con la crisis del petróleo, el precio del galón aumentó de 0.80 u$s a 15,00 u$s. Este incremento provocó abundancia de dólares en el mercado, proveniente de los negocios con petróleo. (petrodólares).
El FMI se ocupó de ubicarlos forzadamente a través del otorgamiento de créditos. Para lograrlo dieron a las delegaciones de la banca internacional el mandato de inducir a los diferentes países a tomar créditos, ofreciendo una tasa de interés insignificante. Esto eran otorgado con condicionamientos como: desmantelar el aparato productivo de cada país para que no pudiera generar su propia riqueza y así siguiera necesitando de capitales extranjeros; aniquilar toda fuerza social que se opusiera al endeudamiento forzoso.
Para generar esas condiciones, los capitales extranjeros promovieron la instalación de la dictadura militar que, vía terrorismo de Estado, hizo desaparecer a 30.000 personas y asesinó otras 10.000 para terminar con toda expresión opositora.
Entre el 76 y el 83, instaurada la “timba financiera”, los especuladores pasaron a ser más valorados que los trabajadores. La deuda creció en un 350% sin que existan registros contables que lo acrediten. Se desconoce el destino de los fondos, pero se sabe que no fueron utilizados para desarrollar la economía sino para la especulación.
En esta etapa comienza también el endeudamiento innecesario, y muchas veces ficticio, de las empresas estatales. Todo esto demostrado en el juicio penal con sentencia del juez federal Ballestero.
Durante la década del “80, la abundancia de dinero se terminó, lo que provocó un aumento en las tasas de interés del 6 al 22%.
Esto generó que nos cobraran interés sobre interés para sumarlo al capital y cuyo efecto termina siendo “cuanto más pago más debo”.
Paralelamente los países centrales hicieron caer el valor de los productos exportados por el tercer mundo mientras aumentaban el valor de sus productos industriales y tecnológicos, lesionando aún más las pequeñas economías y favoreciendo una enorme transferencia de recursos al primer mundo.
Las consecuencias: caída de la industria, incluso ciudades y pueblos enteros (San Nicolás y Cutral-Co). Ante este panorama sombrío, los empresarios argentinos huyeron del mercado interno consumando una verdadera fuga de capitales.
En este contexto, las empresas privadas que habían tomado créditos en el exterior, se declararon insolventes y acordaron con los gobernantes la estatización de sus deudas.
Así, el Estado (nosotros) se hizo cargo de una pesada deuda por un dinero que no recibió, debiendo restar fondos al Presupuesto Nacional en salud, educación, ciencia y tecnología, activación de la producción y fuentes de trabajo. Además de los préstamos a empresas estatales que nunca llegaron a ellas, solo figuraban en sus balances
Pasada la dictadura, la protesta social comenzó a poner límite a estos ajustes, y el Estado entró en dificultades para cumplir los plazos de pago, debiendo renegociar su deuda. Otorgándole nuevos créditos con tasas usurarias.
En el inicio de la democracia se tuvo la oportunidad de desconocer la Deuda Externa por haber sido contraída por un gobierno de facto (“deuda odiosa”) y no se hizo. Bajo el gobierno radical, al no reconocer en su totalidad las disposiciones del FMI, se generó una tensión en las relaciones que terminó en una cesación de pagos, con corrida cambiaria, hiperinflación y finalmente caída del gobierno por un golpe de Estado, esta vez no militar sino financiero.
Ya en los “90, después de aplicar el Plan Brady (versión perfeccionada de “estatización” de deuda privada), la transferencia de capitales desde los países deudores hacia los acreedores, permitió a la banca internacional superar la crisis de iliquidez, a expensas del debilitamiento de las economías de los países de Latinoamérica.
Este debilitamiento hizo que el FMI impusiera mas condiciones a los países que deben cumplir para “merecer” más créditos. El criterio ideológico es el que considera que el rol del Estado debe restringirse a la creación de condiciones jurídicas, sociales y económicas adecuadas para atraer esas “inversiones” privadas. Estas medidas incrementan la acumulación del capital financiero y no la producción.
El crecimiento de una economía basada en el capital financiero especulativo no necesita que los sectores populares consuman, por lo tanto no interesa si quedan excluidos del modelo. Sino que necesita de monopolios que garanticen la ganancia financiera rápida. La consecuencia de la aplicación de este modelo determina que se sigan cerrando industrias y vendiendo campos.
El cambio de modelo fue implementado por la misma fracción de sectores dominantes que habían instalado las dictaduras militares utilizando, ahora en democracia, a la corrupción y al soborno para comprar a las conducciones políticas. Esta alianza les permitió a ambos conservar sus posiciones de dominación.
Esto permitió entregar las empresas del estado más rentables en condiciones por demás ventajosas al capital privado, en su mayoría extranjero (Privatizaciones, YPF, flota del estado, terminales portuarias, teléfono, rutas, gas, agua, afjp, etc.).
Para completar el achicamiento del Estado, se puso en marcha la descentralización, que permitió transferir a las provincias parte del gasto público nacional y lograr con ello “ajustes” provinciales y municipales.
Para aplicar el plan y cerrar los negocios con total impunidad, el gobierno menemista quebró el equilibrio entre los distintos poderes del Estado ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia lo que dio como resultado la “votación automática”, consolidando la mecánica del per saltum.
Junto a esto se tejieron complicidades políticas: el Pacto de Olivos (Menem-Alfonsín) dio curso a la reforma constitucional que aportaría dos elementos centrales: la reelección presidencial y la delegación en el ejecutivo de legislar vía decretos de necesidad y urgencia, y de asumir legalmente la suma del poder público en caso de emergencia económica.
Sobre el final del 2000 ya se había incrementado la brecha del ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre de 13 a 33 veces (20 veces más).
Luego de esto apareció “la Banelco y coimas” de por medio, la “Flexibilización Laboral”: una maniobra disfrazada como una estrategia para bajar el desempleo que en realidad sirvió para achicar el costo laboral.
Ya habíamos afirmado que en una economía financiera el trabajo es una mercancía depreciada y despreciable. Luego, en menos de un año, una seguidilla de maniobras financieras: el Mega Canje, la Pesificación, el “Corralito” y el “Corralón”, la sanción de las leyes de “Emergencia Económica” y de “Régimen Cambiario” (que perjudicó al sector de los trabajadores con una pérdida del poder adquisitivo del 40%), y, por último, la Derogación de la ley de “Subversión Económica” y la sanción de la nueva “ley de Quiebras” que dejaron impunes a los responsables de los ilícitos.
En la actualidad, el gobierno, se dispone a concretar el canje (cambiar deuda por mas deuda) con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a una investigación de la Deuda porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.
Que existen ejemplos en Latinoamérica (por ejemplo Ecuador), que investigaron su deuda externa, cuyos sus resultados demuestran que existieron irregularidades y una forma de instrumentarla similar en toda esta región del continente.
Que el resultado de esta investigación permitió reducir su deuda por la ilegitimidad de la misma, demostrando la viabilidad de la propuesta de investigar la misma.
El Honorable Concejo Deliberante, en uso de las facultades que les son propias, sanciona con fuerza de:
RESOLUCION
ARTICULO 1: Solicitar a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación constituya una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por miembros del Congreso como así también personalidades referentes de nuestro país con vasta trayectoria en organizaciones populares. Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones, especialmente sobre la legitimidad de la misma.
ARTICULO 2: Enviase copia de la misma a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, para que adhieran a la misma.
ARTICULO 3: Enviase copia de la misma a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.
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